El Consejo de Ministros impulsó el anteproyecto de ley con el que busca reducir la jornada laboral a 37,5 horas y cambiar el modelo de registro horario que está en vigor desde el año 2019. El objetivo es que la Inspección de Trabajo tenga acceso en remoto a estas anotaciones, pero también conseguir un registro real del tiempo de trabajo por lo que el acuerdo firmado con los sindicatos incluye la obligación de anotar las pausas.